Paradójicamente en muchos casos el sistema no sabe responder de manera firme a actos violentos o vulgares. Sin embargo, no vacila en usar el puño duro frente a manifestaciones pacíficas de la sociedad civil, que reivindica el derecho a una educación libre y de calidad.
Ayer ocurrieron hechos graves para un país que este año celebra los 50 años de la muerte de un dictador sangriento: se ha negado el acceso a un sitio público a un sin número de personas, culpables sencillamente de vestir una camiseta amarilla y pedir él cumplimiento de una ley del estado, que prevé la asignación del 4% del PIB a la educación. Se usa violencia y se limita la libertad de personas, no porque se expresan de manera vulgar o violenta, ni porque amenazan la moral pública o el público decoro, sino porque piden que venga respetado el derecho de cada persona a acceder a una educación que les permita abrir sus mentes, saliendo de esquemas que prometen milagros y que en realidad enredan.
La cosa más grave es que esta violación ocurrió en un espacio destinado a promover el acercamiento a la cultura y la formación: la Feria del Libro de Santo Domingo es un evento que anualmente proporciona un ambiente ferviente de encuentro e intercambio, donde, sin importar la procedencia social, los títulos o la condición económica, las personas acuden para acercarse más al mundo de los libros y a todo lo que ellos representan.
En el día de ayer ha sido violado gravemente el derecho de personas pacíficas, quienes fueron alejadas de un lugar público sin justa causa, impidiéndoles manifestar su pensamiento. Cabe destacar que a este grave episodio ninguno los periódicos nacionales no han dedicado ni una línea, confirmando que el interés no es proporcionar información objetivo, sino respaldar un estatus de conformidad e ignorancia, puesto que la idea general es que personas que piensan y cuestionan automáticamente se vuelven incómodas para un sistema que necesita amebas para mantenerse y persistir.
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